Feliciano Valencia es Senador de la República por el partido MAIS para el período 2018-2022. Ha sido gobernador de su resguardo natal, Munchique Los Tigres en Santander de Quilichao; exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca periodo 2007-2009. En el año 2000 fue galardonado junto con la Guardia Indígena del Norte del Cauca con el Premio Nacional de Paz por su liderazgo en la resistencia civil a la presencia de grupos armados, tanto del Estado como ilegales, en los territorios indígenas. Valencia también fue uno de los fundadores del proyecto comunitario Plan de Vida Yu´Lucx, que representa a los resguardos de Munchique Los Tigres, Nasa Kiwe Teck Sxaw y Canoas de Santander de Quilichao, Cauca.
En una época de transición y pos-acuerdo de Paz, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia?
FV: Los desafíos están al orden del día, desde la firma de los acuerdos, no hemos logrado salir de esta espiral de violencia y parece que cada vez más se agudiza en nuestros territorios. Cauca, Chocó, Putumayo, Antioquia, Nariño y la región del Catatumbo en Norte de Santander siguen padeciendo las consecuencias de un conflicto armado, mal implementado. Las expectativas en los pueblos indígenas fueron grandes, la realidad nos ha demostrado qué lejos estamos de la terminación del conflicto armado en Colombia. Al día de hoy, luego de la firma en el año 2016, hasta el día de hoy 24 de mayo, según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia han sido asesinados 238 indígenas en Colombia, en su mayoría en las zonas del país que mencioné anteriormente. Con que termine la violencia en nuestros territorios, habremos avanzado mucho en Colombia. La presencia de actores armados en nuestros territorios es el principal desafío. Los líderes sociales hacen labores de representación política, convirtiéndose en agentes de desarrollo para el país, ayudando a implementar las estrategias de derechos humanos de las organizaciones internacionales, y a la vez defendiendo el acceso a la educación y salud en sus comunidades. Si hablamos de los líderes sociales provenientes de los territorios étnicos, ¿cuáles son los logros más significativos a destacar de su labor? ¿en qué áreas han contribuido más? FV: Más que “agentes de desarrollo” ya que muchas veces en función del “desarrollo” se ha profundizado el extractivismo en Colombia, explotando la madre tierra con la extracción de hidrocarburos y minerales, con la siembra de monocultivos, con la inundación de nuestros territorios para hacer represas, nosotros concebimos la labor del liderazgo social para exigir al Estado colombiano que cumpla con su función de ser garante de los derechos humanos en Colombia, y en el caso de los pueblos indígenas de sus derechos colectivos y territoriales. En este sentido, me parece que el liderazgo que he ejercido ha estado en función del cumplimiento de los acuerdos que el Estado colombiano ha firmado con las diferentes organizaciones y pueblos indígenas del país y aún no ha cumplido. Y últimamente, desde el Senado de la República, en la defensa del derecho fundamental a la consulta previa. Existe una presión de los gremios, de un sector político y del empresariado colombiano para que el Congreso realice una reglamentación, a favor de proyectos extractivistas y en contra de los pueblos y la madre tierra. Sobre este tema nos encontramos, precisamente, con una coyuntura alarmante: El asesinato de los líderes sociales ha crecido durante los últimos años, y particularmente desde la firma de la paz en 2016. ¿Qué tipo de amenazas afrontan? ¿y cómo han afrontado ustedes esta violencia contra sus líderes? FV: Sí, el liderazgo social, la defensa de los derechos humanos se ha vuelto en Colombia una labor “peligrosa” para los violentos. En nuestras comunidades hemos creado mecanismos de protección comunitarios como la Guardia Indígena, o los afros la Guardia Cimarrona, o el campesinado la Guardia Campesina, pero en estas circunstancias sigue siendo una medida insuficiente para salvaguardar la vida de los lideres y lideresas sociales. Los armados no tienen compasión y por supuesto que hay una relación desigual entre la chonta –bastón que porta la Guardia Indígena-y los fusiles y armas que usan los grupos armados. Pero hemos dicho que con la unidad de la comunidad y la protección que los pueblos indígenas hemos tenido con nuestras autoridades espirituales, nuestros rituales sagrados, la medicina tradicional, las actividades comunitarias, seguiremos desde ahí resistiendo a la violencia.
"Con la unidad de la comunidad y la protección que los pueblos indígenas hemos tenido con nuestras autoridades espirituales, nuestros rituales sagrados, la medicina tradicional, y las actividades comunitarias, seguiremos desde ahí resistiendo a la violencia"
El asesinato de líderes sociales se convierte en una amenaza latente contra la democracia –considerando que son agentes de control y representatividad en el interior de Colombia y muchas veces llenando la ausencia del Estado en ciertas regiones del país. ¿Qué cree que el gobierno no está haciendo bien al respecto? Hablémoslo desde su mirada desde los territorios étnicos.
FV: Hay una desconexión total entre el Gobierno Nacional y los territorios. Incumplir la implementación de los acuerdos con las FARC ha sido un error garrafal, y que nos está costando a las comunidades campesinas, afrodescendientes y a pueblos indígenas, muchas vidas. El Acuerdo trae unos Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial-PDET, llegó este Gobierno con otra propuesta, y no impulsó los PDET y ahora estamos sin esa propuesta de planeación que hubiera significado mejores condiciones de vida para las comunidades. Situación similar pasó con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS, muchas familias, personas y comunidades firmaron con el Estado sustituir esos cultivos, no se cumplió, los cultivos crecieron y ahora eso es lo que ha acrecentado las disputas en nuestros territorios por el control del negocio y de las rutas, poniendo en riesgo la vida, de quienes impulsan la sustitución. Unido a esto, la erradicación forzada y la búsqueda del Gobierno de fumigar con glifosato los cultivos está acrecentando más las tensiones y conflictos con las comunidades, en Antioquia, Nariño y el Catatumbo ha habido muertos de cultivadores que se oponen a la erradicación forzada. Desde su posición como líder indígena Nasa, Senador de la República y uno de los voceros más reconocidos de la Minga Indígena, háblenos un poco sobre la autonomía indígena, y en qué consiste esa deuda histórica y social de la tierra por parte del Estado hacia los grupos étnicos. FV: La Autonomía Indígena es poder decidir al interior de nuestras comunidades sobre nuestros asuntos y sobre los territorios en los cuales convivimos como pueblos. ¿Qué es lo que queremos como pueblos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo actuamos en colectivo? Esto a partir de nuestras propias cosmovisiones y nuestras propias culturas siempre buscando el equilibrio y la armonía con la madre tierra y en comunidad. Sin embargo, esto se percibe por algunos como un separatismo o la pretensión de unas “repúblicas independientes” y lo que hemos dicho es que somos parte de la madre tierra, no sus dueños, por eso también nuestro llamado al reconocimiento de su protección. Esta actual situación de pandemia, nos convoca a cambiar nuestro modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Y en relación con la deuda histórica de la tierra, eso viene desde la llegada de los españoles a estas tierras y que se agudizó con la formación del Estado en Colombia, a través de la guerra y algunas leyes se ha venido despojando a los pueblos indígenas de sus tierras para monocultivos o ganadería extensiva y lo que hemos dicho es: queremos tener un lugar donde producir los alimentos, para el consumo y también para la comercialización, pero lo que ha pasado es que, nos siguen confinando a lugares que no se pueden producir porque son de especial protección: páramos, selvas, o de difícil acceso y con baja posibilidad de comercializar, entonces hemos dicho que las tierras más productivas del país deben ser para la producción de alimentos, no para la producción de alcohol carburante, para los carros, o para la extracción de petróleo, o la ganadería si no para que la gente pueda producir su propio alimento. Al hablar de representación, uno de los reclamos frecuentes de las comunidades indígenas es la falta de garantías a la protección y la autoprotección, además de la falta de comprensión por parte del Estado sobre los asuntos que les preocupan a ustedes. ¿Cuál es su posición al respecto? FV: La representación en Colombia es difícil, lo que me ha mostrado esta experiencia en el Congreso de la República es que hay una correlación de fuerzas en el país que no beneficia a los pueblos indígenas y hasta juega en contra de sus derechos. Mire usted por ejemplo el tema de las Entidades Territoriales Indígenas-ETIS, eso no se ha reglamentado desde el año de 1991 que quedaron consignadas en la Constitución Política, y no creo que se vayan a reglamentar, uno acá es sólo contra el resto, aunque valga decir, contamos con los votos de la bancada de oposición. Por eso los pueblos indígenas no renunciamos a la movilización social y a las mingas, ha sido la manera como el Estado colombiano de alguna manera ha construido política pública para los pueblos indígenas, vía legislativa es muy difícil, y a través del Ejecutivo peor, con estos gobiernos que defienden a los sectores económicos en detrimento de los derechos de la población, es muy difícil. La Corte Constitucional también ha emitido sentencias para proteger a los pueblos indígenas, existen 36 pueblos en riesgo, según el Auto 004 de 2009, al día de hoy yo creo que son más, sin embargo ninguno de los gobiernos que han estado en el poder desde aquella época hasta el día de hoy, han hecho algo para el cumplimiento de los Planes de Salvaguarda construidos por las mismas comunidades. Finalmente, desde su trabajo como Senador de la República, ¿qué iniciativas, programas u objetivos tiene en mente para fortalecer la representación política desde los territorios étnicos? FV: Por ahora vamos a estar atentos a defender el derecho fundamental a la Consulta Previa de los pueblos indígenas, afrodescendientes, rom, raizales y palenqueros ante la reforma que ha propuesto el Gobierno de Iván Duque, porque es una manera de seguir vulnerando nuestros derechos, si se nos limita la participación en los planes y proyectos que puedan afectar nuestras culturas y nuestros territorios. La consulta previa es un derecho fundamental colectivo que ha permitido la defensa de nuestros territorios del extractivismo depredador; cualquier reforma que menoscabe los derechos ya adquiridos nos pone en una desprotección absoluta a nuestros pueblos y a nuestras culturas. Y por el otro lado, creo que es necesario profundizar el debate acerca de los Derechos de la Madre Tierra en Colombia; cada vez vemos cómo se deforesta la Amazonía, se secan ríos, se queman páramos, se planea hacer fracking, la minería acabando con el agua, etc.; y acá parece no importar, creo que un acto legislativo en sentido de darles derechos a la madre tierra, será casi un acuerdo que hace la población colombiana con la madre (planeta) tierra en sentido de garantizar su protección y la de las generaciones venideras con medidas contra el cambio climático. //
"Es necesario profundizar el debate acerca de los Derechos de la Madre Tierra en Colombia; cada vez vemos cómo se deforesta la Amazonia, se secan ríos, se queman páramos, se planea hacer fracking, la minería acabando con el agua...y acá parece no importar"